VIERNES 13 DE ENERO DE 2012
Publicado por policiales Tigre, Argentina
Las imágenes muestran su recorrido desde Dique Luján hacia San Fernando donde vive.
Uno de los motivos por el cual el fiscal Cosme Iribarren pidió la detención de Daniel Sfeir en por las contradicciones que presentan sus declaraciones ante la Justicia y lo que muestras las cámaras del Centro de Operaciones Tigre la noche del 29 de diciembre.
Pese a que Sfeir declaró que estaba en su casa a las 21, las imágenes lo muestran pasando, entre las 21.20 y las 21.32, por distintos lugares de la Ruta 27, recorrido que hay que hacer desde Dique Luján a San Fernando. Luego se lo ve transitando la calle 25 de Mayo y la rotonda de Avenida Ubieto y Rocha, en dirección a su domicilio.
A las 21.08, su celular hace una llamada desde Dique Luján a un teléfono fijo, de acuerdo a la información brindada por las compañías telefónicas y eso, sumado a las cámaras, genera la certeza de que estaba en el lugar del crimen.
El fiscal solicitó todas las imágenes de las cámaras instaladas sobre los posibles recorridos desde Dique Luján hacia San Fernando.
Lo que muestran estas imágenes es sólo una de las numerosas contradicciones que aparecen en la declaración de Daniel Sfeir ante la Justicia, que pudieron corroborarse gracias a las 700 cámaras que instaló el municipio de Tigre y que son monitoreadas por 200 operadores desde el Centro de Operaciones Tigre (COT). Las imágenes son conservadas durante 30 días para aportar pruebas a la Justicia, como sucedió en este caso.
En las imágenes registradas el 29 de diciembre a las 17.20 por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre, horas antes del homicidio, se ve al marido de la víctima, Daniel Sfeir junto a su amante, algo que había negado, cuando fueron a retirar un vehículo Fiat Uno blanco de un taller mecánico.
Justamente, el mecánico declaró que Sfeir le confirmó, al llegar al taller, su relación con la mujer que se muestra en el video.
La amante maneja el Fiat Uno y metros atrás la custodia el marido de la maestra en su Ford Ka bordó.
A las 17.26, la amante tiene un desperfecto mecánico y se detiene en una estación de servicio sobre la ruta 197. El hombre en el Ford Ka se pasa y pega la vuelta para asistir a la mujer. Minutos después (17.38) cambian de vehículo para proseguir su marcha.
Lo que demuestran estas imágenes es sólo una de las numerosas contradicciones que aparecen en la declaración de Daniel Sfeir ante la Justicia, y se pudieron corroborar gracias a las 700 cámaras que instaló el municipio de Tigre y que son monitoreadas por 200 operadores en el Centro de Operaciones Tigre (COT) además de conservar las grabaciones durante 30 días para aportar pruebas a la Justicia, como en este caso.
miércoles, 1 de febrero de 2012
Policía frustró atraco por las cámaras de vigilancia
Bucaramanga - Colombia
Martes 31 de Enero de 2012 - 12:00 AM
Publicada por: REDACCIÓN JUDICIAL
Las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana permitieron frustrar el hurto del que fue víctima un ciudadano, a quien dos sujetos intimidaron con un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias.
Los hechos se presentaron en inmediaciones del Parque Las Cigarras, en la Ciudadela Real de Minas, en momentos en que la víctima caminaba y fue interceptada por un sujeto.
Mientras el robo se ejecutaba, desde una de las cámaras del Centro Automático de Despacho de la Policía un uniformado reportó la situación a las patrullas del sector.
Durante cerca de un minuto la víctima forcejeó con el delincuente hasta que apareció en la escena otro sujeto que sacó un cuchillo y obligó al ciudadano a que le entregara sus pertenencias.
Ya con el botín en su poder los delincuentes emprendieron la huida. No obstante, el ladrón que portaba el cuchillo alcanzó a herir a la víctima en el pecho.
Segundos después de que la pareja de atracadores huyó, varias patrullas de la Policía iniciaron la persecución de los asaltantes, quienes finalmente fueron capturados en posesión de los elementos hurtados.
Los dos malhechores, de 18 y 20 años de edad, quedaron a órdenes de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, por el delito de hurto.
El ciudadano afectado recuperó sus pertenencias y fue atendido de la herida superficial que recibió en el pecho por parte de uno de los delincuentes.
Esta doble captura en flagrancia se da una semanada después de que entraron en funcionamiento 94 cámaras, que tuvieron un costo de $4.750 millones, instaladas en los puntos más críticos de seguridad.
Robo y agresión con arma blanca fueron registrados por las cámaras de seguridad
Gracias al seguimiento realizado con las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se logró la captura en flagrancia de dos sujetos que hurtaron un celular a un ciudadano, a quien intimidaron con un arma blanca.
Luego de realizar el robo, los dos sujetos emprendieron la huida y minutos más tarde fueron capturados por policías del sector.
Publicada por: PAULA PIMIENTO/ VANGUARDIA.COM
Con ayuda de cámaras de vigilancia capturan a delincuente en Bucaramanga
Con el monitoreo por parte de las cámaras de seguridad y las denuncias de la comunidad, la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre de 19 años, quien portaba un arma de fuego ilegal y contaba con el beneficio de detención domiciliaria.
El hombre fue capturado luego de una denuncia hecha por la comunidad, en la cual, reportaban una riña que se presentó en la carrera 17 con calle 10 del barrio Girardot.
Publicada por: PAULA PIMIENTO/ VANGUARDIA.COM
Martes 31 de Enero de 2012 - 12:00 AM
Publicada por: REDACCIÓN JUDICIAL
Las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana permitieron frustrar el hurto del que fue víctima un ciudadano, a quien dos sujetos intimidaron con un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias.
Los hechos se presentaron en inmediaciones del Parque Las Cigarras, en la Ciudadela Real de Minas, en momentos en que la víctima caminaba y fue interceptada por un sujeto.
Mientras el robo se ejecutaba, desde una de las cámaras del Centro Automático de Despacho de la Policía un uniformado reportó la situación a las patrullas del sector.
Durante cerca de un minuto la víctima forcejeó con el delincuente hasta que apareció en la escena otro sujeto que sacó un cuchillo y obligó al ciudadano a que le entregara sus pertenencias.
Ya con el botín en su poder los delincuentes emprendieron la huida. No obstante, el ladrón que portaba el cuchillo alcanzó a herir a la víctima en el pecho.
Segundos después de que la pareja de atracadores huyó, varias patrullas de la Policía iniciaron la persecución de los asaltantes, quienes finalmente fueron capturados en posesión de los elementos hurtados.
Los dos malhechores, de 18 y 20 años de edad, quedaron a órdenes de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, por el delito de hurto.
El ciudadano afectado recuperó sus pertenencias y fue atendido de la herida superficial que recibió en el pecho por parte de uno de los delincuentes.
Esta doble captura en flagrancia se da una semanada después de que entraron en funcionamiento 94 cámaras, que tuvieron un costo de $4.750 millones, instaladas en los puntos más críticos de seguridad.
Robo y agresión con arma blanca fueron registrados por las cámaras de seguridad
Gracias al seguimiento realizado con las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se logró la captura en flagrancia de dos sujetos que hurtaron un celular a un ciudadano, a quien intimidaron con un arma blanca.
Luego de realizar el robo, los dos sujetos emprendieron la huida y minutos más tarde fueron capturados por policías del sector.
Publicada por: PAULA PIMIENTO/ VANGUARDIA.COM
Con ayuda de cámaras de vigilancia capturan a delincuente en Bucaramanga
Con el monitoreo por parte de las cámaras de seguridad y las denuncias de la comunidad, la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre de 19 años, quien portaba un arma de fuego ilegal y contaba con el beneficio de detención domiciliaria.
El hombre fue capturado luego de una denuncia hecha por la comunidad, en la cual, reportaban una riña que se presentó en la carrera 17 con calle 10 del barrio Girardot.
Publicada por: PAULA PIMIENTO/ VANGUARDIA.COM
Chubut: quieren controlar con cámaras a los policías
POR CARLOS GUAJARDO, CHUBUT, Argentina. CORRESPONSAL - 31/01/12 - http://www.clarin.com
En Chubut quieren poner cámaras de video en los patrulleros y de seguridad en los ingresos a las comisarías. También equipos de localización GPS en los móviles policiales. Así lo reveló a Clarín el procurador general Jorge Miquelarena. Dijo que la idea surgió después de una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Adrián López. Es en respuesta a los casos de efectivos policiales que protagonizaron hechos de violencia en los que están imputados.
“Desde la Procuración General se seguirá con los aportes que se consideren necesarios para capacitar a los policías en torno de la legalidad de los procedimientos judiciales en materia penal”, indicaron. Miquelarena planteó la necesidad que desde las más altas autoridades provinciales se procure la instalación de GPS en los patrulleros y cámaras filmadoras en cada uno de ellos, que permitan registrar los procedimientos, el accionar de la policía y de las personas que son arrestadas .
“Ambas incorporaciones técnicas permitirán llevar tranquilidad a todos en torno del movimiento de los patrulleros y los procedimientos que se realizan.
El buen policía no debe temerle a esos avances tecnológicos ”, remarcó.
En tanto, López dijo que también “es posible la colocación de cámaras de seguridad en el ingreso a las comisarías. Eso también garantizará el trabajo de los buenos policías”.
El caso más resonante fue el que protagonizaron efectivos de la seccional 2° de Trelew. Hace unos días detuvieron a un menor de 16 años por una presunta pelea callejera con su novia. En la comisaría el joven fue golpeado salvajemente y violado con un bastón de los que los policías utilizan para defensa personal . Por el hecho hay cinco agentes detenidos con prisión preventiva por dos meses. Y otros cuatro vinculados a la causa. Todos estaban en la seccional la mañana en que ocurrió el hecho.
Además, hubo policías involucrados en una represión contra trabajadores camioneros que manifestaban en Trelew por despidos de la empresa Camuzzi, distribuidora del gas en la provincia. El gobierno de Chubut echó a la cúpula policial por estos episodios.
En Chubut quieren poner cámaras de video en los patrulleros y de seguridad en los ingresos a las comisarías. También equipos de localización GPS en los móviles policiales. Así lo reveló a Clarín el procurador general Jorge Miquelarena. Dijo que la idea surgió después de una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Adrián López. Es en respuesta a los casos de efectivos policiales que protagonizaron hechos de violencia en los que están imputados.
“Desde la Procuración General se seguirá con los aportes que se consideren necesarios para capacitar a los policías en torno de la legalidad de los procedimientos judiciales en materia penal”, indicaron. Miquelarena planteó la necesidad que desde las más altas autoridades provinciales se procure la instalación de GPS en los patrulleros y cámaras filmadoras en cada uno de ellos, que permitan registrar los procedimientos, el accionar de la policía y de las personas que son arrestadas .
“Ambas incorporaciones técnicas permitirán llevar tranquilidad a todos en torno del movimiento de los patrulleros y los procedimientos que se realizan.
El buen policía no debe temerle a esos avances tecnológicos ”, remarcó.
En tanto, López dijo que también “es posible la colocación de cámaras de seguridad en el ingreso a las comisarías. Eso también garantizará el trabajo de los buenos policías”.
El caso más resonante fue el que protagonizaron efectivos de la seccional 2° de Trelew. Hace unos días detuvieron a un menor de 16 años por una presunta pelea callejera con su novia. En la comisaría el joven fue golpeado salvajemente y violado con un bastón de los que los policías utilizan para defensa personal . Por el hecho hay cinco agentes detenidos con prisión preventiva por dos meses. Y otros cuatro vinculados a la causa. Todos estaban en la seccional la mañana en que ocurrió el hecho.
Además, hubo policías involucrados en una represión contra trabajadores camioneros que manifestaban en Trelew por despidos de la empresa Camuzzi, distribuidora del gas en la provincia. El gobierno de Chubut echó a la cúpula policial por estos episodios.
Franco: “Gracias a las cámaras de seguridad prevenimos hechos de violencia juvenil”
Misiones, Argentina
http://www.misionesonline.net, POLICIALES | MARTES 31 ENERO 2012 | 11:30:00 HS
El Ministro de Gobierno Jorge Franco destacó que “El mejor de los resultados que tuvimos con las cámaras de seguridad es en la prevención de la violencia juvenil, en este época de vacaciones se suelen tener varios episodios, pero gracias a las cámaras podemos llegar a tiempo y evitar que pase a desmanes mayores”.
Además el Ministro explicó que vecinos de los barrios A-4 y Nueva Esperanza estuvieron reunidos con el Subsecretario de Seguridad y Justicia Dr. Julio Lesken para diagramar tareas en conjunto por los reiterados casos de inseguridad vividos “nosotros estamos haciendo todo lo posible para solucionar los inconvenientes que se viven en algunos barrios de Posadas, la seguridad es un tema de agenda del Gobernador, por ello estamos incorporando nuevos policías, patrulleros, creamos destacamentos y comisarías, e instalamos sistemas de seguridad como las cámaras u otras nuevas tecnologías”.
“En relación a otros años, las denuncias disminuyeron y los índices delictivos no ha aumentado, lo que si veo es que los medios están dando a conocer más casos que entes”.
Además Franco señaló que en el interior de la provincia lo que se nota es la aparición de los abigeatos “son una nueva modalidad, que no estábamos acostumbrados, entonces tuvimos que capacitar al personal en esta cuestión y para poder combatirlo. Porque antes no robaban las vacas en Misiones”.
http://www.misionesonline.net, POLICIALES | MARTES 31 ENERO 2012 | 11:30:00 HS
El Ministro de Gobierno Jorge Franco destacó que “El mejor de los resultados que tuvimos con las cámaras de seguridad es en la prevención de la violencia juvenil, en este época de vacaciones se suelen tener varios episodios, pero gracias a las cámaras podemos llegar a tiempo y evitar que pase a desmanes mayores”.
Además el Ministro explicó que vecinos de los barrios A-4 y Nueva Esperanza estuvieron reunidos con el Subsecretario de Seguridad y Justicia Dr. Julio Lesken para diagramar tareas en conjunto por los reiterados casos de inseguridad vividos “nosotros estamos haciendo todo lo posible para solucionar los inconvenientes que se viven en algunos barrios de Posadas, la seguridad es un tema de agenda del Gobernador, por ello estamos incorporando nuevos policías, patrulleros, creamos destacamentos y comisarías, e instalamos sistemas de seguridad como las cámaras u otras nuevas tecnologías”.
“En relación a otros años, las denuncias disminuyeron y los índices delictivos no ha aumentado, lo que si veo es que los medios están dando a conocer más casos que entes”.
Además Franco señaló que en el interior de la provincia lo que se nota es la aparición de los abigeatos “son una nueva modalidad, que no estábamos acostumbrados, entonces tuvimos que capacitar al personal en esta cuestión y para poder combatirlo. Porque antes no robaban las vacas en Misiones”.
Campaña videovigilancia sevilla
Sevilla, España
Subido por mafaddita el 24/06/2008
Primeras acciones dela Campaña contra el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de Sevilla por la Asamblea La calle es de todxs
Subido por mafaddita el 24/06/2008
Primeras acciones dela Campaña contra el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de Sevilla por la Asamblea La calle es de todxs
¿Qué derechos tenemos ante las cámaras en zonas públicas?
España
Por BENYI ARREGOCÉS CARRERE Última actualización: 6 de junio de 2011 14:52
Las cámaras de videovigilancia se extienden dentro de organismos públicos y empresas con fines de seguridad, pero pueden invadir la intimidad del ciudadano
Son un ojo incansable e impasible que todo lo ve. La vida pública queda registrada en las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas calles. Su objetivo es registrar las posibles malas acciones de algunos ciudadanos, pero para ello tienen que observar todo lo que sucede: las escenas de la vida cotidiana, quién se relaciona con quién o quiénes son pareja. Las videocámaras de vigilancia acechan en las esquinas de las calles y en el interior de empresas y comercios, hasta el punto de crear preocupación incluso en la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos frente a esta práctica y qué deberes quienes instalan estos sistemas?
Cámaras por prevención
Las cámaras de videovigilancia se colocan en distintos lugares con el fin de prevenir delitos o reunir pruebas para perseguir a quienes los cometan. Esta práctica plantea la disyuntiva entre una suerte de seguridad preventiva y una cesión de la intimidad de los usuarios, a quienes se puede captar en momentos privados. Solo las Fuerzas de Seguridad pueden colocar las cámaras de seguridad en la vía pública. La Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto les reserva esta atribución. Por otro lado, las cámaras que se sitúan en las carreteras dependen de las autoridades que gestionan el tráfico, como la DGT, y es obligatorio señalizar su situación.
Ninguna empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia en la calle
Por esta razón, en principio, ninguna empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia en la calle. Se tienen que limitar al entorno privado, con la única excepción de que la calle sea el único lugar posible para captar la escena deseada y siempre que el objeto de grabación pertenezca a la empresa. Un ejemplo de esta situación se produce cuando se sitúa una cámara en la calle para conseguir la perspectiva suficiente para vigilar un garaje. Inevitablemente, se grabaría a las personas que pasearan por la acera en la parte correspondiente al garaje.
En los lugares de trabajo también se pueden colocar cámaras y no es necesario el consentimiento de los trabajadores. Sin embargo, se debe informar de que se han instalado. Según la legislación actual, hay que seguir el principio de la proporcionalidad. Es decir, que no haya un método menos invasivo para la intimidad y que se sitúen donde menos molesten a las personas. No se pueden instalar en baños o vestuarios, zonas de descanso, taquillas, ni en las aulas de un colegio (salvo casos excepcionales) o en zonas donde la imagen de la persona pueda verse afectada, como los gimnasios.
Notificar la presencia de la cámara
Las empresas u organismos que instalen un sistema de videovigilancia deben notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), incluso si son comunidades de vecinos, una tarea para la que tendrán que contratar a una empresa de seguridad privada autorizada, según la Ley de Seguridad Privada. Además, se debe designar quién será el responsable del visionado de las imágenes y qué personas están autorizadas a contemplar las mismas.
Cualquier persona, antes de ser grabada, debe saber que transitará por una zona videovigilada
Por otro lado, se debe señalar de forma clara la zona donde se registra la videovigilancia con "al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible", según la Instrucción 1/2006 de la AEPD. Esto no significa que se deba poner al lado de la cámara, sino que cualquier persona, antes de ser grabada, debe saber que transitará por una zona videovigilada. Al mismo tiempo, las empresas u organismos tienen la obligación de facilitar hojas a los ciudadanos donde se informe de los derechos de acceso y cancelación de su presencia en esas imágenes. El propietario del sistema debe identificarse en aquellos casos en que haya varias posibilidades, por ejemplo, dentro de un centro comercial.
Si se graban y guardan las imágenes de las cámaras de videovigilancia, se debe crear un fichero y registrarlo en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD. Las empresas se exponen a sanciones en caso de no hacerlo. Si las imágenes solo se visualizan por un encargado de seguridad y no se registran en ningún soporte, desaparece la obligación de elaborar el fichero.
Se deben bloquear pasado un mes
Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, 15/1999 de 13 de diciembre), los propietarios de estos sistemas deben garantizar la seguridad de las imágenes. Esta ley desarrollada en la instrucción 1/2006 de la AGPD explicita que se debe evitar su "alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
Por otro lado, los vídeos deben bloquearse, como máximo, un mes después del día en que se grabaron. Esto significa que una vez bloqueados solo pueden acceder a ellos las administraciones públicas, jueces o tribunales para la "atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento" y solo mientras prescriben estas. Se refiere a supuestos como en el caso de cometerse un delito y que las cámaras hayan captado este. Entonces, se debe conservar la grabación como prueba hasta que se prescriba el plazo correspondiente, momento en que se deben suprimir los contenidos.
Las grabaciones realizadas por videocámaras domésticas, pensadas para captar momentos de ocio, se liberan de cualquiera de las obligaciones de la LOPD, igual que ocurre con las efectuadas por medios de comunicación y por otros elementos como los videoporteros.
Por BENYI ARREGOCÉS CARRERE Última actualización: 6 de junio de 2011 14:52
Las cámaras de videovigilancia se extienden dentro de organismos públicos y empresas con fines de seguridad, pero pueden invadir la intimidad del ciudadano
Son un ojo incansable e impasible que todo lo ve. La vida pública queda registrada en las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas calles. Su objetivo es registrar las posibles malas acciones de algunos ciudadanos, pero para ello tienen que observar todo lo que sucede: las escenas de la vida cotidiana, quién se relaciona con quién o quiénes son pareja. Las videocámaras de vigilancia acechan en las esquinas de las calles y en el interior de empresas y comercios, hasta el punto de crear preocupación incluso en la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos frente a esta práctica y qué deberes quienes instalan estos sistemas?
Cámaras por prevención
Las cámaras de videovigilancia se colocan en distintos lugares con el fin de prevenir delitos o reunir pruebas para perseguir a quienes los cometan. Esta práctica plantea la disyuntiva entre una suerte de seguridad preventiva y una cesión de la intimidad de los usuarios, a quienes se puede captar en momentos privados. Solo las Fuerzas de Seguridad pueden colocar las cámaras de seguridad en la vía pública. La Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto les reserva esta atribución. Por otro lado, las cámaras que se sitúan en las carreteras dependen de las autoridades que gestionan el tráfico, como la DGT, y es obligatorio señalizar su situación.
Ninguna empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia en la calle
Por esta razón, en principio, ninguna empresa u organización puede instalar sistemas de vigilancia en la calle. Se tienen que limitar al entorno privado, con la única excepción de que la calle sea el único lugar posible para captar la escena deseada y siempre que el objeto de grabación pertenezca a la empresa. Un ejemplo de esta situación se produce cuando se sitúa una cámara en la calle para conseguir la perspectiva suficiente para vigilar un garaje. Inevitablemente, se grabaría a las personas que pasearan por la acera en la parte correspondiente al garaje.
En los lugares de trabajo también se pueden colocar cámaras y no es necesario el consentimiento de los trabajadores. Sin embargo, se debe informar de que se han instalado. Según la legislación actual, hay que seguir el principio de la proporcionalidad. Es decir, que no haya un método menos invasivo para la intimidad y que se sitúen donde menos molesten a las personas. No se pueden instalar en baños o vestuarios, zonas de descanso, taquillas, ni en las aulas de un colegio (salvo casos excepcionales) o en zonas donde la imagen de la persona pueda verse afectada, como los gimnasios.
Notificar la presencia de la cámara
Las empresas u organismos que instalen un sistema de videovigilancia deben notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), incluso si son comunidades de vecinos, una tarea para la que tendrán que contratar a una empresa de seguridad privada autorizada, según la Ley de Seguridad Privada. Además, se debe designar quién será el responsable del visionado de las imágenes y qué personas están autorizadas a contemplar las mismas.
Cualquier persona, antes de ser grabada, debe saber que transitará por una zona videovigilada
Por otro lado, se debe señalar de forma clara la zona donde se registra la videovigilancia con "al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible", según la Instrucción 1/2006 de la AEPD. Esto no significa que se deba poner al lado de la cámara, sino que cualquier persona, antes de ser grabada, debe saber que transitará por una zona videovigilada. Al mismo tiempo, las empresas u organismos tienen la obligación de facilitar hojas a los ciudadanos donde se informe de los derechos de acceso y cancelación de su presencia en esas imágenes. El propietario del sistema debe identificarse en aquellos casos en que haya varias posibilidades, por ejemplo, dentro de un centro comercial.
Si se graban y guardan las imágenes de las cámaras de videovigilancia, se debe crear un fichero y registrarlo en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD. Las empresas se exponen a sanciones en caso de no hacerlo. Si las imágenes solo se visualizan por un encargado de seguridad y no se registran en ningún soporte, desaparece la obligación de elaborar el fichero.
Se deben bloquear pasado un mes
Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, 15/1999 de 13 de diciembre), los propietarios de estos sistemas deben garantizar la seguridad de las imágenes. Esta ley desarrollada en la instrucción 1/2006 de la AGPD explicita que se debe evitar su "alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
Por otro lado, los vídeos deben bloquearse, como máximo, un mes después del día en que se grabaron. Esto significa que una vez bloqueados solo pueden acceder a ellos las administraciones públicas, jueces o tribunales para la "atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento" y solo mientras prescriben estas. Se refiere a supuestos como en el caso de cometerse un delito y que las cámaras hayan captado este. Entonces, se debe conservar la grabación como prueba hasta que se prescriba el plazo correspondiente, momento en que se deben suprimir los contenidos.
Las grabaciones realizadas por videocámaras domésticas, pensadas para captar momentos de ocio, se liberan de cualquiera de las obligaciones de la LOPD, igual que ocurre con las efectuadas por medios de comunicación y por otros elementos como los videoporteros.
Videovigilancia urbana, el gran negocio de la invasión a la privacidad
Gonzalo Sánchez y Claudio Mardones 05.07.2009
La instalación de una cámara con su programa correspondiente ronda los 15 mil pesos. Se calcula que hay unos 40 municipios que están por colocar sistemas en los próximos días. El argumento es que ayuda a combatir la inseguridad, aunque hay quienes sostienen que no está probada su eficacia.
Si el precio que tenemos que pagar para vivir seguros consiste en aceptar que una cámara instalada en cualquier esquina registre nuestros actos privados –por más pública que sea la calle–, entonces habrá que asumir que el derecho a la intimidad se terminó para siempre. Pero también que las sociedades tecnológicamente controladas no son necesariamente las más seguras. Esta última línea, sin embargo, es la que prefieren ignorar intendentes del conurbano, jefes políticos, empresarios y gobernadores. Según datos de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y otras firmas del sector, en lo que va de 2009 se instalaron más de diez mil videocámaras en espacios públicos de diferentes localidades y ciudades del interior del país. Pero el número podría quedarse corto porque las mismas fuentes aseguran que muchas de las contrataciones –que promedian los 400 mil pesos por municipio– se hacen en forma directa, es decir, sin licitación.
Como sea, y a tono con lo que ocurre en el Primer Mundo –en Londres 10.500 cámaras filman a toda hora como en un reality show, sin cortes, las conductas de la gente común–, la Argentina está en sintonía con las tendencias mundiales de seguridad urbana. Pero, ¿quién vigila a los que nos vigilan? La pregunta, como se verá, tiene respuestas divididas y poco claras. Pero mientras tanto la muletilla política sostiene que no se puede brindar seguridad sin información, y que para proceder primero es necesario reunir elementos visuales. Sólo así, piensan los funcionarios, es posible garantizar la integridad de las personas.
Eduardo Capelo, titular de CASEL, acepta que las cámaras operan como elemento disuasivo. “Pero no sólo sirven contra la inseguridad –aclara–, sino también para prestar otros servicios a la comunidad, como operar rápidamente en situaciones de accidentes o bloqueos de tránsito en caso de emergencias”.
Capelo continúa: “Promovemos que las instalaciones se produzcan por concurso público y también que se hagan de acuerdo con las reglas del buen arte, es decir, en armonía con el mobiliario urbano. Pero muchas veces el político quiere tenerlas con urgencia y lo termina haciendo alguien que no sabe”.
Los hábitos, mientras tanto, se modifican o se desarrollan bajo la órbita de un novedoso ojo avizor. Desde el 28 de mayo pasado, la rutina privada, individual, de una caminata desde casa al trabajo en plena ciudad de Buenos Aires un día cualquiera queda registrada por el flamante “Gran Hermano” de Mauricio Macri: un centro de monitoreo urbano operado por un equipo de 120 vigías que durante las 24 horas de la jornada, los 365 días del año, se dedican a observar. Desde una especie de Pentágono ubicado en el barrio de Barracas, el desarrollo de la normalidad es captado por una red de 170 cámaras de vigilancia instaladas en catorce parques y plazas, en las calles aledañas a la Plaza de Mayo, en la sede comunal de Bolívar 1, en los alrededores del Obelisco, del Distrito Tecnológico, en la plaza Naciones Unidas (al lado de la Facultad de Derecho de la UBA), en los ingresos a la villa 31 de Retiro y en las nuevas estaciones de las líneas de subte A, B y H.
Algo similar ocurre en los andenes y en el interior y el exterior de las estaciones de todos los ramales del Ferrocarril Mitre. Pero hay una particularidad: la información que difunden las cámaras puede ser chequeada online por cualquier persona que se tome el trabajo de tramitar un password en la página web del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Fue justamente su titular, Aníbal Fernández, el encargado de anunciar en marzo de 2008 la puesta en marcha del Programa Nacional de Seguridad Ciudadana, que implicó un desembolso de 400 millones de pesos para que distintas ciudades y municipios de la provincia de Buenos Aires y del interior invirtieran en tecnología preventiva. De esa caja se nutrieron entonces las empresas del rubro de la videoseguridad urbana y así proliferaron los negocios entre municipios y privados y así, sostiene la estadística, el sector creció.
La instalación de una cámara con su correspondiente software ronda los 15 mil pesos. Un sistema de monitoreo estándar tiene entre 120 y 150 grabadoras. Y la tendencia no muestra síntomas de girar a negativo, sino todo lo contrario. Capelo dice que todos los días se enteran de que alguna ciudad estrenó su equipo de vigilancia. “Debe haber en este momento unos cuarenta municipios en proceso de licitación”, señala.
Desde el año pasado, por ejemplo, los movimientos de todos los peatones que van y vienen por la zona céntrica de San Isidro son filmados por 120 cámaras que remiten imágenes directamente a una sala de situación ubicada en el edificio de la Municipalidad. Las autoridades comunales sostienen que, gracias a eso, por lo menos 25 sospechosos fueron detenidos en los últimos meses. Lo mismo ocurre en Vicente López, Ezeiza, Berazategui y Tigre, donde los funcionarios se jactan de haber obtenido el resultado que esperaban, una ecuación de trazo grueso que señala que a mayor cantidad de cámaras menor delito.
“A fines de 2007, cuando asumió Sergio Massa como intendente de Tigre, decidimos instalar las videocámaras y armar el centro de operaciones desde donde monitoreamos todo. Pusimos cámaras domo, que permiten giros de 360 grados y que graban las 24 horas del día. El resultado es que los delitos como asaltos, robos, hurtos, del año 2008 al 2009, bajaron entre un 30 y 40 por ciento”, dice Diego Santilli, secretario general de Gobierno de Tigre.
“Te doy ejemplos –agrega–. Cayó un avión cerca de la zona urbana de Tigre y, como lo vio una cámara de seguridad, todas las fuerzas pudieron ponerse en marcha y salir a apagar el incendio. En todas las localidades visualizamos, todo el tiempo, in fragantti a los delincuentes en el momento justo. Llegamos a captar cómo escondían un arma. A menudo vemos robos y respondemos rápido gracias a las cámaras. Y, además, te queda el archivo de imágenes, como para aportarle pruebas a la investigación policial”.
Santilli da con un tema clave: ¿Qué uso se hace de las imágenes grabadas? ¿Quién puede verlas? ¿Para qué?
La discusión es tan filosófica como global. Podría comenzar con Michel Foucault y su tesis sobre la mirada omnipresente del panóptico y las sociedades disciplinadas y controladas y terminar con esta declaración de Capelo: “En la cuadra de mi oficina hay una cámara y también ahí hay un hotel alojamiento. A muchos no les debe gustar que haya una filmadora justo ahí. Allí hay un debate muy interesante. En algunos casos se filma pero no se graba. Pero yo creo que la seguridad está en la grabación”.
Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social. Trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías. “Si contamos con que las cámaras están mayormente ubicadas en plazas y lugares de alta circulación –opina– pronto tendremos una base de datos enorme de las actividades de la gente que circula por ahí, incluyendo rostros y expresiones de activistas sociales, militantes, mujeres y niños que pasen regularmente por esos lugares. Pero no tenemos muy claro qué pasa con toda la información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, cómo se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se realiza”.
Busaniche insiste (ver entrevista) en que no hay manera de vigilar a los vigiladores. Y enciende una luz amarilla sobre la utilización de esa base de datos. La discusión, por lo tanto, no arriba a un punto de acuerdo. Y mientras tanto, los municipios siguen minando de cámaras el paisaje urbano. Los pequeños vigías sofisticados avanzan sobre espacios semipúblicos como shoppings y escuelas y nuestros actos –privados, inofensivos, secretos, individuales– son grabados por alguien a quien no podemos visualizar. Eso sí, todo en pos –¿habrá que creerlo?– de nuestra total integridad.
“Una sociedad monitoreada es menos libre y democrática”
Beatriz Busaniche es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es también docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA y trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías, con ejes de trabajo en acceso al conocimiento, software libre, derechos de autor, privacidad y en contra del voto electrónico.
–¿Cuáles son las principales razones de esta expansión y cuándo comenzó?
–Desde hace un tiempo a esta parte se ha instalado la idea de que a mayor vigilancia, mayor seguridad. En los EE.UU. ya se usaban estos sistemas desde hace mucho, pero fueron los atentados de 11 de septiembre los que impulsaron la doctrina de la seguridad y, en consecuencia, un grado nunca antes visto de intromisión en la vida privada de las personas. Los atentados en los subterráneos de Londres y los trenes de Madrid terminaron de reforzar la doctrina de la seguridad en el viejo continente. En la Argentina, fue la movida que se ubicó detrás del “no ingeniero” Blumberg la que sembró está avanzada.
–¿Cuántos aparatos de este tipo hay en la Argentina?
–Es imposible saberlo. Macri inauguró justo antes de las elecciones un centro de monitoreo con 170 cámaras. También hay que evaluar la cantidad de cámaras privadas que hay. Si empezamos a observar, es impresionante la cantidad de edificios privados que tienen cámaras filmando la calle. Contando las iniciativas públicas y los sistemas de vigilancia privados, es imposible estimar un número.
–¿Cuáles son las consecuencias del mayor control social?
–Uno de los problemas es justamente que hoy en día no tenemos manera de evaluar las consecuencias de establecer una sociedad masivamente controlada. Sí sabemos, a partir de estudios realizados en los EE.UU. y en Inglaterra, que la instalación de estos sistemas tiene un impacto muy bajo en la prevención del delito y en la tasa de criminalidad. En Londres, un ciudadano promedio que hace su vida normal será filmado 300 veces en un día. Alguien podrá trazar sus recorridos, establecer sus pautas de conducta, verificar incluso pautas de consumo, establecer redes de relaciones sociales. Puede sonar a paranoia, lo sé, pero imaginen una ciudad sitiada de cámaras de este tipo en los tiempos que se vivieron en la década del 70 en la Argentina. ¿Cuánta más gente habría desaparecido si las fuerzas de seguridad hubieran contado con dispositivos de esta naturaleza? Una consecuencia muy sutil es el acostumbramiento de la sociedad a ser vigilada. Yo no quiero que me vigilen, no quiero acostumbrarme a eso. Sobre todo si la razón por la que dicen que lo hacen (prevenir el delito, ofrecer seguridad) no está corroborada en lo más mínimo.
–¿Por qué las cámaras no logran reducir el delito?
–Es difícil decir por qué, pero hay varias cuestiones que suenan bastante a sentido común. Cory Doctorow, en su libro Content incluye un ensayo sobre las cámaras londinenses (él vive en Londres) donde justamente habla de que las cámaras no sirven para disuadir a alguien que ya no tiene nada que perder. Alguien que ha llegado a ser un consumidor asiduo de paco y sale a robar billeteras para comprar más paco no es una persona que tenga mucha oportunidad de tomar decisiones racionales para su vida.
Difícilmente logremos disuadir a un chico de hacer esto con las cámaras.
–¿Por qué te parece que hay que oponerse y evitar el crecimiento de los circuitos de filmación?
–Por esto que decía de que una sociedad monitoreada, controlada, es una sociedad menos libre y, en definitiva, menos democrática.
–Un pronóstico: ¿cómo podría evaluar el presente y el futuro de la privacidad en la Argentina? ¿Y en el mundo?
–El pronóstico es bastante sombrío por múltiples razones, pero la principal es la incorporación acrítica de tecnologías de vigilancia y la escasa discusión, casi nula discusión diría, sobre las implicancias.
La instalación de una cámara con su programa correspondiente ronda los 15 mil pesos. Se calcula que hay unos 40 municipios que están por colocar sistemas en los próximos días. El argumento es que ayuda a combatir la inseguridad, aunque hay quienes sostienen que no está probada su eficacia.
Si el precio que tenemos que pagar para vivir seguros consiste en aceptar que una cámara instalada en cualquier esquina registre nuestros actos privados –por más pública que sea la calle–, entonces habrá que asumir que el derecho a la intimidad se terminó para siempre. Pero también que las sociedades tecnológicamente controladas no son necesariamente las más seguras. Esta última línea, sin embargo, es la que prefieren ignorar intendentes del conurbano, jefes políticos, empresarios y gobernadores. Según datos de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y otras firmas del sector, en lo que va de 2009 se instalaron más de diez mil videocámaras en espacios públicos de diferentes localidades y ciudades del interior del país. Pero el número podría quedarse corto porque las mismas fuentes aseguran que muchas de las contrataciones –que promedian los 400 mil pesos por municipio– se hacen en forma directa, es decir, sin licitación.
Como sea, y a tono con lo que ocurre en el Primer Mundo –en Londres 10.500 cámaras filman a toda hora como en un reality show, sin cortes, las conductas de la gente común–, la Argentina está en sintonía con las tendencias mundiales de seguridad urbana. Pero, ¿quién vigila a los que nos vigilan? La pregunta, como se verá, tiene respuestas divididas y poco claras. Pero mientras tanto la muletilla política sostiene que no se puede brindar seguridad sin información, y que para proceder primero es necesario reunir elementos visuales. Sólo así, piensan los funcionarios, es posible garantizar la integridad de las personas.
Eduardo Capelo, titular de CASEL, acepta que las cámaras operan como elemento disuasivo. “Pero no sólo sirven contra la inseguridad –aclara–, sino también para prestar otros servicios a la comunidad, como operar rápidamente en situaciones de accidentes o bloqueos de tránsito en caso de emergencias”.
Capelo continúa: “Promovemos que las instalaciones se produzcan por concurso público y también que se hagan de acuerdo con las reglas del buen arte, es decir, en armonía con el mobiliario urbano. Pero muchas veces el político quiere tenerlas con urgencia y lo termina haciendo alguien que no sabe”.
Los hábitos, mientras tanto, se modifican o se desarrollan bajo la órbita de un novedoso ojo avizor. Desde el 28 de mayo pasado, la rutina privada, individual, de una caminata desde casa al trabajo en plena ciudad de Buenos Aires un día cualquiera queda registrada por el flamante “Gran Hermano” de Mauricio Macri: un centro de monitoreo urbano operado por un equipo de 120 vigías que durante las 24 horas de la jornada, los 365 días del año, se dedican a observar. Desde una especie de Pentágono ubicado en el barrio de Barracas, el desarrollo de la normalidad es captado por una red de 170 cámaras de vigilancia instaladas en catorce parques y plazas, en las calles aledañas a la Plaza de Mayo, en la sede comunal de Bolívar 1, en los alrededores del Obelisco, del Distrito Tecnológico, en la plaza Naciones Unidas (al lado de la Facultad de Derecho de la UBA), en los ingresos a la villa 31 de Retiro y en las nuevas estaciones de las líneas de subte A, B y H.
Algo similar ocurre en los andenes y en el interior y el exterior de las estaciones de todos los ramales del Ferrocarril Mitre. Pero hay una particularidad: la información que difunden las cámaras puede ser chequeada online por cualquier persona que se tome el trabajo de tramitar un password en la página web del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Fue justamente su titular, Aníbal Fernández, el encargado de anunciar en marzo de 2008 la puesta en marcha del Programa Nacional de Seguridad Ciudadana, que implicó un desembolso de 400 millones de pesos para que distintas ciudades y municipios de la provincia de Buenos Aires y del interior invirtieran en tecnología preventiva. De esa caja se nutrieron entonces las empresas del rubro de la videoseguridad urbana y así proliferaron los negocios entre municipios y privados y así, sostiene la estadística, el sector creció.
La instalación de una cámara con su correspondiente software ronda los 15 mil pesos. Un sistema de monitoreo estándar tiene entre 120 y 150 grabadoras. Y la tendencia no muestra síntomas de girar a negativo, sino todo lo contrario. Capelo dice que todos los días se enteran de que alguna ciudad estrenó su equipo de vigilancia. “Debe haber en este momento unos cuarenta municipios en proceso de licitación”, señala.
Desde el año pasado, por ejemplo, los movimientos de todos los peatones que van y vienen por la zona céntrica de San Isidro son filmados por 120 cámaras que remiten imágenes directamente a una sala de situación ubicada en el edificio de la Municipalidad. Las autoridades comunales sostienen que, gracias a eso, por lo menos 25 sospechosos fueron detenidos en los últimos meses. Lo mismo ocurre en Vicente López, Ezeiza, Berazategui y Tigre, donde los funcionarios se jactan de haber obtenido el resultado que esperaban, una ecuación de trazo grueso que señala que a mayor cantidad de cámaras menor delito.
“A fines de 2007, cuando asumió Sergio Massa como intendente de Tigre, decidimos instalar las videocámaras y armar el centro de operaciones desde donde monitoreamos todo. Pusimos cámaras domo, que permiten giros de 360 grados y que graban las 24 horas del día. El resultado es que los delitos como asaltos, robos, hurtos, del año 2008 al 2009, bajaron entre un 30 y 40 por ciento”, dice Diego Santilli, secretario general de Gobierno de Tigre.
“Te doy ejemplos –agrega–. Cayó un avión cerca de la zona urbana de Tigre y, como lo vio una cámara de seguridad, todas las fuerzas pudieron ponerse en marcha y salir a apagar el incendio. En todas las localidades visualizamos, todo el tiempo, in fragantti a los delincuentes en el momento justo. Llegamos a captar cómo escondían un arma. A menudo vemos robos y respondemos rápido gracias a las cámaras. Y, además, te queda el archivo de imágenes, como para aportarle pruebas a la investigación policial”.
Santilli da con un tema clave: ¿Qué uso se hace de las imágenes grabadas? ¿Quién puede verlas? ¿Para qué?
La discusión es tan filosófica como global. Podría comenzar con Michel Foucault y su tesis sobre la mirada omnipresente del panóptico y las sociedades disciplinadas y controladas y terminar con esta declaración de Capelo: “En la cuadra de mi oficina hay una cámara y también ahí hay un hotel alojamiento. A muchos no les debe gustar que haya una filmadora justo ahí. Allí hay un debate muy interesante. En algunos casos se filma pero no se graba. Pero yo creo que la seguridad está en la grabación”.
Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social. Trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías. “Si contamos con que las cámaras están mayormente ubicadas en plazas y lugares de alta circulación –opina– pronto tendremos una base de datos enorme de las actividades de la gente que circula por ahí, incluyendo rostros y expresiones de activistas sociales, militantes, mujeres y niños que pasen regularmente por esos lugares. Pero no tenemos muy claro qué pasa con toda la información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, cómo se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se realiza”.
Busaniche insiste (ver entrevista) en que no hay manera de vigilar a los vigiladores. Y enciende una luz amarilla sobre la utilización de esa base de datos. La discusión, por lo tanto, no arriba a un punto de acuerdo. Y mientras tanto, los municipios siguen minando de cámaras el paisaje urbano. Los pequeños vigías sofisticados avanzan sobre espacios semipúblicos como shoppings y escuelas y nuestros actos –privados, inofensivos, secretos, individuales– son grabados por alguien a quien no podemos visualizar. Eso sí, todo en pos –¿habrá que creerlo?– de nuestra total integridad.
“Una sociedad monitoreada es menos libre y democrática”
Beatriz Busaniche es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es también docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA y trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías, con ejes de trabajo en acceso al conocimiento, software libre, derechos de autor, privacidad y en contra del voto electrónico.
–¿Cuáles son las principales razones de esta expansión y cuándo comenzó?
–Desde hace un tiempo a esta parte se ha instalado la idea de que a mayor vigilancia, mayor seguridad. En los EE.UU. ya se usaban estos sistemas desde hace mucho, pero fueron los atentados de 11 de septiembre los que impulsaron la doctrina de la seguridad y, en consecuencia, un grado nunca antes visto de intromisión en la vida privada de las personas. Los atentados en los subterráneos de Londres y los trenes de Madrid terminaron de reforzar la doctrina de la seguridad en el viejo continente. En la Argentina, fue la movida que se ubicó detrás del “no ingeniero” Blumberg la que sembró está avanzada.
–¿Cuántos aparatos de este tipo hay en la Argentina?
–Es imposible saberlo. Macri inauguró justo antes de las elecciones un centro de monitoreo con 170 cámaras. También hay que evaluar la cantidad de cámaras privadas que hay. Si empezamos a observar, es impresionante la cantidad de edificios privados que tienen cámaras filmando la calle. Contando las iniciativas públicas y los sistemas de vigilancia privados, es imposible estimar un número.
–¿Cuáles son las consecuencias del mayor control social?
–Uno de los problemas es justamente que hoy en día no tenemos manera de evaluar las consecuencias de establecer una sociedad masivamente controlada. Sí sabemos, a partir de estudios realizados en los EE.UU. y en Inglaterra, que la instalación de estos sistemas tiene un impacto muy bajo en la prevención del delito y en la tasa de criminalidad. En Londres, un ciudadano promedio que hace su vida normal será filmado 300 veces en un día. Alguien podrá trazar sus recorridos, establecer sus pautas de conducta, verificar incluso pautas de consumo, establecer redes de relaciones sociales. Puede sonar a paranoia, lo sé, pero imaginen una ciudad sitiada de cámaras de este tipo en los tiempos que se vivieron en la década del 70 en la Argentina. ¿Cuánta más gente habría desaparecido si las fuerzas de seguridad hubieran contado con dispositivos de esta naturaleza? Una consecuencia muy sutil es el acostumbramiento de la sociedad a ser vigilada. Yo no quiero que me vigilen, no quiero acostumbrarme a eso. Sobre todo si la razón por la que dicen que lo hacen (prevenir el delito, ofrecer seguridad) no está corroborada en lo más mínimo.
–¿Por qué las cámaras no logran reducir el delito?
–Es difícil decir por qué, pero hay varias cuestiones que suenan bastante a sentido común. Cory Doctorow, en su libro Content incluye un ensayo sobre las cámaras londinenses (él vive en Londres) donde justamente habla de que las cámaras no sirven para disuadir a alguien que ya no tiene nada que perder. Alguien que ha llegado a ser un consumidor asiduo de paco y sale a robar billeteras para comprar más paco no es una persona que tenga mucha oportunidad de tomar decisiones racionales para su vida.
Difícilmente logremos disuadir a un chico de hacer esto con las cámaras.
–¿Por qué te parece que hay que oponerse y evitar el crecimiento de los circuitos de filmación?
–Por esto que decía de que una sociedad monitoreada, controlada, es una sociedad menos libre y, en definitiva, menos democrática.
–Un pronóstico: ¿cómo podría evaluar el presente y el futuro de la privacidad en la Argentina? ¿Y en el mundo?
–El pronóstico es bastante sombrío por múltiples razones, pero la principal es la incorporación acrítica de tecnologías de vigilancia y la escasa discusión, casi nula discusión diría, sobre las implicancias.
Proponen intercambiar entre usuarios la SUBE para evitar el registro personal de viajes
Buenos Aires, Argentina
Afirman que así se evitaría que el Gobierno controle los movimientos de los pasajeros; denuncian que se viola la Ley de Protección de Datos
Por Mauricio Caminos | LA NACION Martes 31 de enero de 2012 | 11:59
Intercambiar la tarjeta SUBE para evitar que el Gobierno conozca los movimientos de los usuarios. Esa es la consigna que lanzó ayer un grupo político de jóvenes en rechazo al sistema de la tarjeta SUBE, que registra el movimiento que cada pasajero realiza, a través de colectivos o trenes, en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Según la Casa Rosada, el registro de los movimientos de cada tarjeta -que se obtiene de manera gratuita y personal presentando el DNI- posteriormente se cruzará con datos de la AFIP, la Anses y el ministerio de Desarrollo Social para "individualizar" cada subsidio al pasaje.
"Nuestra propuesta es un acto de resistencia civil pacífica ante el abuso despótico del Gobierno", explicó a LA NACION el vocero del Partido Liberal Libertario (PLL), Marcelo Duclos, que lanzó la iniciativa. "Llamamos a la gente a que cambie la tarjeta, a que no se quede con la suya. Que se la den a un amigo o a un compañero de trabajo para que no sepan sus movimientos", agregó.
Ayer, Anons.ar, un grupo de hackers argentinos que dice formar parte de Anonymous, expuso en Internet los registros de viajes de SUBE . La acción fue publicada en un sitio web con el objetivo de señalar la falta de medidas de seguridad para mantener a resguardo la información personal de los pasajeros.
"Si Anonymous tuvo acceso a los datos, también lo puede tener cualquier empresa privada y el Estado. No queremos darle al Gobierno el gusto de tener a un clic de distancia la información de cada pasajero", afirmó Duclos.
Según contó el vocero de PLL, desde el partido ya están estudiando la posibilidad de organizar "un día general de cambio de SUBE" de manera periódica. ¿Cree que los usuarios la van a intercambiar aunque tengan créditos diferentes en sus tarjetas?, preguntó este diario. "Prefiero perder dos o tres pesos de carga y no darle al Gobierno mis datos", sostuvo Duclos. "La gente carga crédito cuando se le acaba, así que puede intercambiar la tarjeta antes de ponerle más plata", agregó.
Por ahora, la propuesta se difunde desde la página de PLL en Facebook .
POSICIONES ENCONTRADAS
Quienes no comparten esta propuesta son algunas asociaciones de usuarios, que defendieron el sistema de registro de viajes de SUBE. "Entiendo que son muchos datos en poder del Gobierno, pero es la única manera que tienen para identificar la capacidad económica de cada usuario", expresó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. "La Casa Rosada va a tener esa información para poder decir si mantiene o le quita el subsidio a determinado usuario", agregó.
Desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), su presidente, Sandra González, calificó la propuesta como "poca seria". "Me parece que es medio paranoica la idea de intercambiar las tarjetas, ya que hay 6 millones de SUBE entregadas. No creo que el Gobierno quiera controlarnos", expresó González, y señaló: "Parece que ya nos olvidamos del problema de las monedas y de las colas que había que hacer para conseguirlas. La SUBE era necesaria".
LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pero sus voceros no atendieron las llamadas realizadas. En declaraciones públicas con el canal C5N, el funcionario defendió hoy el sistema de pago electrónico e informó que en la calle ya circulan 6.300.000 plásticos violetas .
CUESTIONAN EL REGISTRO DE DATOS
Vía Libre, una de las organizaciones que defiende el software libre, fue una de las primeras en cuestionar el acceso que tendrá el Gobierno a información personal de millones de usuarios. "La recolección por parte del Estado de los datos de transporte de todos los ciudadanos y su posterior guarda en una base de datos es una medida abusiva e innecesaria que invade la privacidad y viola el derecho a la intimidad del que gozan los ciudadanos", destacó Vía Libre en su página web. "Esto viola la Ley de Protección de Datos Personales", agregó.
Una opinión distinta tuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien afirmó a este diario que el sistema no viola la norma de protección de datos. "La ley protege aquellos datos sensibles como religión, orientación sexual, opiniones e ideas políticas, historia clínica o condiciones de salud de las personas. El DNI no es un dato sensible, aunque esté asociado a alguna tarjeta", indicó a LA NACION en su edición del domingo pasado.
Junto con la publicación de algunos de los registros de SUBE filtrados, Anons.ar difundió un comunicado en el que afirmó: "El gobierno argentino exige una identificación por DNI cuando no es necesaria, y luego rastrea cada uso de esta tarjeta, creando una base de datos del ir y venir de cada ciudadano". Aunque el detalle de viajes no publica la identidad del pasajero, los datos son auténticos ya que pueden chequearse en el sitio oficial de SUBE .
FACEBOOK IMPIDE EL ACCESO A LA LISTA FILTRADA
"El sitio que usted quiere visitar fue identificado como potencialmente inseguro. La web fue clasificada como abusiva", afirma Facebook mediante una advertencia cuando cualquier usuario decide ingresar a la página de Anons.ar luego de haberlo posteado en un muro.
Además, según pudo saber este diario, Anons.ar tuvo que abrir un nuevo perfil en Twitter para comunicar sus acciones, tras ser supendida su cuenta en la plataforma de microblogging.
Afirman que así se evitaría que el Gobierno controle los movimientos de los pasajeros; denuncian que se viola la Ley de Protección de Datos
Por Mauricio Caminos | LA NACION Martes 31 de enero de 2012 | 11:59
Intercambiar la tarjeta SUBE para evitar que el Gobierno conozca los movimientos de los usuarios. Esa es la consigna que lanzó ayer un grupo político de jóvenes en rechazo al sistema de la tarjeta SUBE, que registra el movimiento que cada pasajero realiza, a través de colectivos o trenes, en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Según la Casa Rosada, el registro de los movimientos de cada tarjeta -que se obtiene de manera gratuita y personal presentando el DNI- posteriormente se cruzará con datos de la AFIP, la Anses y el ministerio de Desarrollo Social para "individualizar" cada subsidio al pasaje.
"Nuestra propuesta es un acto de resistencia civil pacífica ante el abuso despótico del Gobierno", explicó a LA NACION el vocero del Partido Liberal Libertario (PLL), Marcelo Duclos, que lanzó la iniciativa. "Llamamos a la gente a que cambie la tarjeta, a que no se quede con la suya. Que se la den a un amigo o a un compañero de trabajo para que no sepan sus movimientos", agregó.
Ayer, Anons.ar, un grupo de hackers argentinos que dice formar parte de Anonymous, expuso en Internet los registros de viajes de SUBE . La acción fue publicada en un sitio web con el objetivo de señalar la falta de medidas de seguridad para mantener a resguardo la información personal de los pasajeros.
"Si Anonymous tuvo acceso a los datos, también lo puede tener cualquier empresa privada y el Estado. No queremos darle al Gobierno el gusto de tener a un clic de distancia la información de cada pasajero", afirmó Duclos.
Según contó el vocero de PLL, desde el partido ya están estudiando la posibilidad de organizar "un día general de cambio de SUBE" de manera periódica. ¿Cree que los usuarios la van a intercambiar aunque tengan créditos diferentes en sus tarjetas?, preguntó este diario. "Prefiero perder dos o tres pesos de carga y no darle al Gobierno mis datos", sostuvo Duclos. "La gente carga crédito cuando se le acaba, así que puede intercambiar la tarjeta antes de ponerle más plata", agregó.
Por ahora, la propuesta se difunde desde la página de PLL en Facebook .
POSICIONES ENCONTRADAS
Quienes no comparten esta propuesta son algunas asociaciones de usuarios, que defendieron el sistema de registro de viajes de SUBE. "Entiendo que son muchos datos en poder del Gobierno, pero es la única manera que tienen para identificar la capacidad económica de cada usuario", expresó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. "La Casa Rosada va a tener esa información para poder decir si mantiene o le quita el subsidio a determinado usuario", agregó.
Desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), su presidente, Sandra González, calificó la propuesta como "poca seria". "Me parece que es medio paranoica la idea de intercambiar las tarjetas, ya que hay 6 millones de SUBE entregadas. No creo que el Gobierno quiera controlarnos", expresó González, y señaló: "Parece que ya nos olvidamos del problema de las monedas y de las colas que había que hacer para conseguirlas. La SUBE era necesaria".
LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pero sus voceros no atendieron las llamadas realizadas. En declaraciones públicas con el canal C5N, el funcionario defendió hoy el sistema de pago electrónico e informó que en la calle ya circulan 6.300.000 plásticos violetas .
CUESTIONAN EL REGISTRO DE DATOS
Vía Libre, una de las organizaciones que defiende el software libre, fue una de las primeras en cuestionar el acceso que tendrá el Gobierno a información personal de millones de usuarios. "La recolección por parte del Estado de los datos de transporte de todos los ciudadanos y su posterior guarda en una base de datos es una medida abusiva e innecesaria que invade la privacidad y viola el derecho a la intimidad del que gozan los ciudadanos", destacó Vía Libre en su página web. "Esto viola la Ley de Protección de Datos Personales", agregó.
Una opinión distinta tuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien afirmó a este diario que el sistema no viola la norma de protección de datos. "La ley protege aquellos datos sensibles como religión, orientación sexual, opiniones e ideas políticas, historia clínica o condiciones de salud de las personas. El DNI no es un dato sensible, aunque esté asociado a alguna tarjeta", indicó a LA NACION en su edición del domingo pasado.
Junto con la publicación de algunos de los registros de SUBE filtrados, Anons.ar difundió un comunicado en el que afirmó: "El gobierno argentino exige una identificación por DNI cuando no es necesaria, y luego rastrea cada uso de esta tarjeta, creando una base de datos del ir y venir de cada ciudadano". Aunque el detalle de viajes no publica la identidad del pasajero, los datos son auténticos ya que pueden chequearse en el sitio oficial de SUBE .
FACEBOOK IMPIDE EL ACCESO A LA LISTA FILTRADA
"El sitio que usted quiere visitar fue identificado como potencialmente inseguro. La web fue clasificada como abusiva", afirma Facebook mediante una advertencia cuando cualquier usuario decide ingresar a la página de Anons.ar luego de haberlo posteado en un muro.
Además, según pudo saber este diario, Anons.ar tuvo que abrir un nuevo perfil en Twitter para comunicar sus acciones, tras ser supendida su cuenta en la plataforma de microblogging.
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